Ecuador: Impulsan juicio político contra canciller de Daniel Noboa

La situación interna de Ecuador es cada vez más confusa y compleja. Ya no es solo la delincuencia que desbordó por completo a las autoridades y necesitaron de una acción injerencista extranjera para organizar algún tipo de plan que nunca funcionó. Ahora se suma el tema político a raíz de la incursión ilegal de militares ecuatorianos en la embajada de México, para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glas.

Aunque el presidente Daniel Noboa intenta lavarse la cara ante el mundo con el argumento de la «soberanía e independencia», la comunidad internacional ha rechazado de forma contundente la ilegal incursión en unas instalaciones bajo el régimen de protección diplomática. Pero ahora se suma las acciones políticas que desde el parlamento inició el fórum legislativo.

La bancada política del correísmo, que tiene un peso político importante, inició los procesos para ejecutar un juicio político contra varios ministros y altos funcionarios del gobierno de Noboa, ante lo delicado de la situación diplomática internacional. Esta bancada buscará enjuiciar políticamente y destituir a Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, y Mónica Palencia, ministra encargada del Interior. Ambas habrían ejecutado, con la orden directa, la acción contra el edificio diplomático de México.

La diputada Jhajaira Urresta, impulsa el juicio político contra Gabriela Sommerfeld con el respaldo de otras 43 firmas. Al mismo tiempo acusa a la Canciller de negligencia y falta de acción, particularmente en el tratamiento de los asuntos migratorios y la gestión de la situación en la embajada mexicana.

¿Cuál es el proceso para destituir a un funcionario en Ecuador?

Para iniciar un juicio político en Ecuador necesitan al menos 35 firmas de respaldo solo para iniciar el proceso de manera formal ante el legislativo. Esta propuesta se envía a un Consejo de Administración Legislativa, allí se resuelve si es procedente y, de ser así, se envía a la Comisión de Fiscalización. Posteriormente debe ir al debate y juicio parlamentario.

Salvo algunas excepciones establecidas en la Constitución ecuatoriana, para destituir a un funcionario de gobierno, que no sea ministro o secretario de Estado, se necesita una mayoría absoluta, es decir 70 votos. Lo complejo del tema es que ambas funcionarias entran dentro de esos parámetros excepcionales.

Fuente Radio Miraflores

10/4/2024

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